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Generosidad

miércoles, 05 de diciembre de 2018Generosidad Nº41 - Diciembre 2018

Boletín digital informativo sobre género y discapacidad

Mujer

CERMI Mujeres plantea al Senado que obligue por ley a que toda la información estadística sobre violencia de género tenga en cuenta a las mujeres con discapacidad

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha planteado a los grupos políticos del Senado que se obligue por ley a que toda la información estadística judicial sobre violencia de género tenga en cuenta la variable de discapacidad en las mujeres víctimas de este tipo de delitos.

SenadoEn concreto, la FCM pide la Ley Orgánica del Poder Judicial recoja expresamente que “toda la información estadística deberá estar desagregada tomando en consideración el indicador de discapacidad de tal forma que sea posible la explotación de datos precisos sobre la situación de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad”, y añade que “asimismo, se establecerá un registro estadístico de menores de edad víctimas de violencia de género, que incluya, además, el indicador de discapacidad”.
 
Estas propuestas se han dirigido a los grupos parlamentarios del Senado, para que las presenten en formas de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que se tramita en estos momentos en la Cámara Alta.
 
Para la FCM, la recogida e interpretación de datos estadísticos es esencial para el mantenimiento de un sistema efectivo de modificación y mantenimiento de la normativa integral sobre la materia y las consiguientes acciones derivadas de su implantación. Además, facilita el diseño y aplicación de una política pública idónea de prevención y abordaje de situaciones de violencia de género.
 
No obstante, añade CERMI Mujeres, si esta información no contempla de forma desagregada los datos estadísticos relativos a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, se estará incumpliendo uno de los mandatos recogidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como, las recomendaciones emitidas en el año 2011 por el Comité de seguimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al estado español.
 
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