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Generosidad

Generosidad Nº47 - Junio 2019Generosidad Nº47 - Junio 2019

Boletín digital informativo sobre género y discapacidad

Editorial

A propósito de las elecciones europeas

01/06/2019

Cada cinco años, los y las ciudadanas de la Unión Europea (UE) eligen a sus representantes en el Parlamento Europeo, que tiene competencias legislativas, de supervisión y presupuestarias. Publicada este editorial, ya se sabrá quién habrá ganado este domingo en las elecciones parlamentarias europeas.

Hemiciclo del Parlamento Europeo (Parlamento Europeo)Quien haya ganado, tiene una misión y es la de la justicia social e igualdad substantiva. Si no se sostienen los valores de los derechos humanos como el de la dignidad, igualdad, libertad y solidaridad difícilmente podamos llegar a buen puerto para las mujeres que viven en los márgenes sociales, como son las mujeres con discapacidad.
 
Europa necesita tener presente a las mujeres y niñas con discapacidad europeas y a las no europeas, que, para sobrevivir de la muerte y persecución política, caminan desiertos y cruzan mares para llegar a este continente, aquél, que enseño al resto, revoluciones sobre derechos humanos y libertades fundamentales.
 
Quienes hayan ganado, necesitan recordar que la Unión Europea es la primera organización regional que ratificó un Tratado de Derechos Humanos concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas como es el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
En este aspecto, la Unión Europea debe de tomar medidas para terminar con las discriminaciones múltiples e interseccionales que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan en la región.
 
Deben de recordar el Convenio de Estambul que, entre otras cuestiones, exhorta a los Estados partes a que adopten medidas legislativas o de otro tipo a fin de que se tipifique como delito las mutilaciones genitales femeninas, la esterilización forzosa y el aborto forzoso, situaciones que suceden en forma tanto, de vulneración de la voluntad y/o del consentimiento como, de violencia y tortura a las mujeres y niñas con discapacidad y que España (en el caso de las últimas dos) sigue legitimando en su legislación doméstica.
 
Quienes hayan ganado, deben de recordar el cambio de Reglamentación y obligar a que se terminen de utilizar los fondos estructurales y de inversión europeos en la creación de instituciones segregadoras para personas con discapacidad, en las cuales las niñas y las mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual son las más afectadas. Tal como le recomendó el Comité de la CDPD a la UE (2015), se debe de hacer un mayor seguimiento de estos fondos, no permitir la creación o restablecimiento de instituciones segregadoras y, en su caso, se deben de suspender, retirar o pedir el reembolso de pagos si se incumple con la obligación de respetar derechos fundamentales.
 
Quienes hayan ganado, deben de incorporar programas, estrategias y políticas con una perspectiva interseccional. Es que las vulneraciones de derechos en las mujeres y niñas con discapacidad, son el resultado de discriminaciones interseccionales y Europa, en su misión de una región igualitaria y solidaria, debe de garantizar los derechos de todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad. Europa debe de dar el paso y ejemplo necesario para que la interseccionalidad no se quede sólo en la teoría. 
 
“El análisis interseccional permite dar a luz una nueva información sobre las prácticas nocivas en contra de las mujeres con discapacidad. También permite el diseño de políticas que sean más efectivas, concretamente dirigidas y aplicadas a la eliminación de prejuicios y estereotipos. Este tipo de evaluación debe ser trasversal y convertirse en un procedimiento estándar. (…) El mero reconocimiento y la identificación de la discriminación interseccional no es suficiente, las políticas tienen que ser formadas y desarrolladas en consecuencia, tanto internacionalmente como a nivel regional y nacional.” (Serra, 2017). 
 
Desde FCM esperamos que quienes nos representen en el Parlamento Europeo no se olviden de las mujeres y niñas que viven en los márgenes sociales y que sepan que viven en esos márgenes porque los Estados, las administraciones de justicia y los parlamentarios/as determinan, bajo estructuras heteropatriarcales y capacitistas, los roles sociales que las mujeres y niñas con discapacidad deben de cumplir, vulnerando derechos y omitiendo garantizar sus libertades más fundamentales.
 
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