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Generosidad

lunes, 02 de noviembre de 2015Generosidad Nº7 - Noviembre 2015

Boletín digital informativo sobre género y discapacidad

Editorial

La violencia contra las mujeres con discapacidad. ¿Qué está pasando…?

02/11/2015

Según datos ofrecidos por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres que tienen un certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33 por ciento afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas (23,3 por ciento) en mayor medida que las que no tienen certificado de discapacidad (15,1 por ciento).

Señal de stop a la violencia de género sobre fondo rojoDe acuerdo con el Boletín Estadístico Anual del año 2014 de esa misma delegación, de las 54 mujeres asesinadas por violencia de género en el año 2014, el 7,4 por ciento, o lo que es lo mismo 4 mujeres, tenían algún tipo de discapacidad o dependencia reconocidas. En el año 2013, de las 54 víctimas mortales por violencia de género, 5 eran mujeres con discapacidad. En el 2012, el total de mujeres asesinadas ascendió a 52, siendo el 13,5 por ciento del total, es decir 7 mujeres en total, mujeres con discapacidad reconocida. 
 
Como puede verse claramente existe una tendencia constante en las estadísticas que fija en aproximadamente el diez por ciento las mujeres con discapacidad asesinadas por violencia de género cada año en nuestro país. Todas estas cifras hacen referencia a mujeres con discapacidad reconocida. Se barajan, sin embargo, cifras mucho más altas si se tiene en cuenta que no todas las mujeres con discapacidad cuentan con un certificado acreditativo de dicha situación.  A esto habría que sumar a aquellas mujeres que adquieren una discapacidad como consecuencia precisamente de las situaciones de violencia sufridas. 
 
Si tratamos de trazar una comparativa con los países de nuestro entorno encontramos que resulta del todo imposible realizar un análisis aproximado acerca de la incidencia real de la violencia machista contra las mujeres con discapacidad, debido a que no hay registros fiables que permitan conocer qué está ocurriendo. 
 
En la mayoría de los países solamente se manejan datos recogidos en la prensa y que de manera accidental ofrecen información puntual de una mujer víctima que, además, tiene discapacidad. Por lo general, esta información solo está disponible en relación al dato último, fatal, de mujeres asesinadas. Esto significa que a día de hoy no podemos saber cuántas mujeres con discapacidad denuncian situaciones de violencia de género, cuántas retiran las denuncias, cuántas se niegan a declarar contra su agresor o cuántas adquieren una discapacidad o ven agravada la que tienen debido a los malos tratos sufridos. No hay una estrategia europea -tampoco española- que con seriedad afronte esta realidad oculta. 
 
Sobre esta cuestión, la 'Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad' de Naciones Unidas señala, en su artículo 31, que los Estados Partes tienen la obligación de recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a los derechos contenidos en la propia Convención. 
 
El Comité de personas expertas sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recomendó a España velar por que se tenga más en cuenta a las niñas y a las mujeres con discapacidad en los programas y políticas públicos sobre la prevención de la violencia de género, para asegurar así un sistema de respuesta eficaz e integrado. 
 
Todavía se espera una respuesta institucional seria, que garantice que los registros oficiales recojan datos sobre la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad, que las campañas de información y concienciación en materia de violencia de género den visibilidad a esta realidad, que los recursos disponibles para prevención, denuncia y atención en casos de violencia sean plenamente accesibles o que las y los profesionales involucrados en esta cuestión cuenten con toda la información necesaria a fin de garantizar que la atención que prestan sea la adecuada en cada caso. 
 
A todo esto hay que sumar esas otras violaciones de derechos humanos que se siguen perpetrando contra las mujeres con discapacidad y cuyas denuncias no encuentran encaje en la legislación vigente como son, por ejemplo, las prácticas de esterilizaciones forzadas que usurpan a las mujeres con discapacidad su derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo. 
 
Un año más, un noviembre más, las mujeres con discapacidad se ven en la obligación de denunciar su invisibilidad y de exigir a los poderes públicos y a la sociedad en general que se erradique, de una vez por todas, la violencia que contra ellas se ejerce por el mero hecho de ser mujeres.   
 
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