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Generosidad

lunes, 04 de septiembre de 2017Generosidad Nº27 - Septiembre 2017

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Nacional

Informe de la ponencia para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Senado

04/09/2017

El informe de la ponencia para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Senado reclama modificar los reglamentos de las casas de acogida para que ninguna víctima con discapacidad pueda ser rechazada por este motivo, como sucede en la actualidad.

Edificio del SenadoEn la actualidad las mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual u otras se ven excluidas de muchos de estos recursos, como expusieron las representantes de CERMI Mujeres que comparecieron para la elaboración de dicho informe.
 
"Todo esto habrá de regularse en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son las que tienen la potestad en este terreno". "No vamos a decirles cómo, pero sí establecer que ninguna discapacidad sea motivo de exclusión", recalcaron fuentes del Senado.
 
De las 267 medidas que contiene el informe, 18 están dedicadas a las víctimas con discapacidad, que merecen un apartado concreto dentro del texto.
 
Este también establece la necesidad de mejorar la información disponible sobre el tema, para lo que propone una macroencuesta dirigida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que proporcione datos fiables.
 
Del mismo modo, sugiere que en toda la información que elaboren las administraciones públicas aparezcan desagregadas las cifras referidas a mujeres con discapacidad. La ponencia, que será aprobada de forma oficial el próximo viernes en la Comisión de Igualdad del Senado, pide también asegurar la accesibilidad a todos los recursos (sanitarios, sociales, judiciales y de acogida) a las víctimas con discapacidad.
 
Ello supone garantizar la accesibilidad física a las casas, pero también la usabilidad de las páginas web por parte de personas ciegas y, por supuesto, la disponibilidad de intérpretes de lengua de signos. Este punto merece una medida concreta, que reclama la presencia de mediadoras expertas en lengua de signos para acompañar a las mujeres con discapacidad auditiva en todo el proceso.
 
También se exigen campañas específicas dirigidas a este colectivo, así como formación especializada sobre violencia de género para todos los agentes que trabajen con personas con discapacidad (personal sanitario, asistentes sociales, psicólogos, educadores y agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado).
 
"Se trata de que sean capaces de identificar cuándo estas mujeres pueden estar sufriendo violencia de género", indicaron. El texto propone finalmente mejorar los protocolos de coordinación y elaborar materiales educativos específicos para niñas y jóvenes con discapacidad.
 
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