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Generosidad

lunes, 03 de abril de 2017Generosidad Nº23 - Abril 2017

Boletín digital informativo sobre género y discapacidad

Nacional

La Fundación CERMI Mujeres pide en el Congreso que el futuro pacto de estado contra la violencia machista incluya las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad

03/04/2017

El pasado día 28 de marzo la Fundación CERMI Mujeres reclamó en el Congreso de los Diputados que el pacto de estado contra la violencia de género en el que están trabajando las diferentes formaciones políticas recoja las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad, puesto que tienen necesidades específicas y sufren violencia en mayor medida.

Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI MujeresAsí lo puso de manifiesto la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, durante su comparecencia en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, con el fin de que los diferentes grupos parlamentarios tengan en cuenta las reivindicaciones de las 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad que residen en España, cifra que asciende a 48 y 600 millones de personas a nivel europeo y mundial, respectivamente.

 
Ana Peláez, que comenzó su intervención mostrando su gratitud por el hecho de que la Subcomisión haya dado voz a las mujeres con discapacidad, e hizo hincapié en que todavía existen pocos datos referidos a la violencia contra las mujeres con discapacidad. En este sentido, demandó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género incluya la variable de discapacidad en todas sus estadísticas y que además, y la puesta en marcha de una macroencuesta específica sobre la situación de las mujeres con discapacidad ante todas las formas de violencia.
 
La vicepresidenta de la Fundación exigió también que se acabe con las esterilizaciones sin el consentimiento informado de las mujeres y niñas con discapacidad; que se erradiquen los abortos coercitivos; desplegar planes de formación sexual dirigido a las adolescentes y niñas con discapacidad, e impulsar la implicación del Ministerio Fiscal a la hora de investigar posibles casos de violencia contra mujeres con discapacidad en ámbitos residenciales.
 
Mejorar la formación de las y los profesionales que atienden a víctimas de violencia con discapacidad; realizar los ajustes razonables necesarios para que las mujeres víctimas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la justicia; hacer accesibles los recursos de asistencia a víctimas, como las casas de acogida, y tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas que adquieren una discapacidad tras situaciones de violencia o abusos y que en muchos casos ni siquiera solicitan el certificado oficial de reconocimiento de discapacidad, son otras de las reivindicaciones planteadas por Ana Peláez para futuro pacto de estado.
 
Asimismo, explicó que es necesario que se amplíe el concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja, porque por ejemplo, las mujeres con discapacidad están expuestas a abusos que en muchos casos se dan en su entorno familiar o residencial y que se producen por el hecho de ser mujeres. Igualmente, instó a los diferentes partidos a tener en cuenta tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul o la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Por otra parte, Ana Peláez denunció que la incapacitación legal previa a las esterilizaciones forzadas se ha convertido en una vía para anular derechos de toda índole, haciendo que las mujeres se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad ante situaciones de violencia y abuso, ya que no tienen riesgo de quedarse embarazadas o afrontan más barreras para acceder a la justicia”.
 
Por último, la responsable de la Fundación CERMI Mujeres subrayó el trabajo que la entidad ha desarrollado durante sus casi tres años de existencia, centrado, entre otras cuestiones, en la mejora de la formación de profesionales que atienden a víctimas de violencia de género con discapacidad como la Policía Nacional, elaborar informes y estudios para contribuir a arrojar luz sobre la violencia machista contra las mujeres con discapacidad y el desarrollo de un plan de intermediación con víctimas de violencia de género, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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