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Generosidad

martes, 1 de diciembre de 2020Generosidad Nº63 - Diciembre 2020

Boletín digital informativo sobre género y discapacidad

25 N

Manifiesto

¡BASTA YA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD!

25 de noviembre de 2020 - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Hoy, 25 de noviembre, recordando:  
 
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en nuestro país desde el año 2008, reconoce en su Preámbulo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación; 
 
Que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) está vigente en nuestro país desde el año 2014;
 
Que la Agenda 2030 persigue a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 5 poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual;  
 
Que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género explícitamente recoge medidas específicas para abordar la violencia de género contra las mujeres con discapacidad;  
 
La Fundación CERMI Mujeres quiere alzar la voz para denunciar la situación en la que se encuentran miles de mujeres con discapacidad en nuestro país víctimas de la violencia machista o en serio riesgo de sufrirla, en todas sus modalidades sin excepción y que siguen permaneciendo invisibles en las políticas públicas en este ámbito. 
 
Este año 2020 ha estado marcado por la irrupción inesperada de un virus hasta la fecha desconocido que ha producido una emergencia no solo sanitaria, sino también política y social de dimensiones impredecibles y cuyo impacto global aún no podemos dimensionar. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es la situación de extrema vulnerabilidad de miles de mujeres y niñas con discapacidad, así como de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, quienes han visto conculcados sus derechos más elementales durante la pandemia en muchos países del mundo.
 
Esta realidad ha sacado a la luz los déficits de una sociedad que aún considera prescindibles ciertos recursos y servicios que son esenciales para una mujer con discapacidad en su día a día, lo que se ha traducido en una vulneración de derechos fundamentales durante este periodo de excepcionalidad.  
 
Especialmente preocupante ha sido, y sigue siendo a día de hoy, el incremento en el número de solicitudes de información y de ayuda registradas en los servicios especializados en violencia de género y el negativo impacto que las restricciones establecidas han producido en muchas mujeres que se han visto obligadas a convivir, sin alternativa posible, con su maltratador. Muchas mujeres con discapacidad han experimentado de manera más lacerante, si cabe, cómo los recursos y servicios disponibles se hacían más lejanos e inaccesibles durante estos meses de encierro.
 
Muchas mujeres con discapacidad, particularmente mayores, siguen viviendo institucionalizadas en centros segregados, lo que ha ocasionado graves consecuencias para ellas durante la pandemia. Buena parte de estas instituciones siguen hoy en día confinadas, pese a que el resto de la población no lo esté. 
 
Es muy preocupante también el caso de las mujeres con discapacidad sometidas a explotación sexual y trata, cuya situación se ha visto especialmente agravada durante la pandemia.
 
Y esto es así, aun cuando los datos que nos ofrecen las últimas estadísticas oficiales, como la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, señalan que el 20,7 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8 % de las mujeres sin discapacidad, una diferencia que, a nuestro juicio, debe hacer reflexionar a las y los responsables políticos de nuestro país. Asimismo, esta Macroencuesta recoge que el 17,5 % de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual, emocional o ha sentido miedo de sus parejas afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas. 
 
El acceso a la justicia está negado en la práctica a las mujeres con discapacidad, no solo por los obstáculos de accesibilidad y de falta de ajustes de procedimiento en el sistema judicial y porque la asistencia letrada es inasequible para ellas, sino, lo que es más hiriente, por las barreras mentales que jueces, fiscales, abogados y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que tratan de acceder a la justicia. De hecho, el personal judicial a menudo es reacio a dar crédito a los testimonios de las mujeres con discapacidad y tampoco suele abrir causas por actos de violencia contra ellas porque puede exigir más recursos debido a la necesidad de cerciorarse de la capacidad de la víctima de consentir y prestar testimonio. Las pocas sentencias judiciales que existen sobre mujeres con discapacidad, en lugar de protegerlas, son contrarias al pleno respeto de sus derechos humanos. 
 
Estamos ante una realidad que, lejos de ser anecdótica, en el caso de las mujeres con discapacidad se convierte casi en una regla en nuestras vidas, por lo que es necesario aplicar políticas adecuadas que tomen en consideración nuestras demandas específicas y no tilden a estas flagrantes violaciones de nuestros derechos humanos como meras excepciones.  
 
Hace más de quince años que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y tres que contamos con un Pacto de Estado en esta materia, pero aún los datos que nos arrojan las estadísticas oficiales siguen siendo tremendamente opacos en relación con la violencia machista sufrida por las mujeres con discapacidad. Además, los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia siguen presentando graves déficits en su accesibilidad, no permitiéndonos hacer uso de ellos sin trabas añadidas. A esto hay que sumar que las y los profesionales de este ámbito siguen temiendo importantes lagunas en su formación sobre la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la discapacidad y, al mismo tiempo, el modelo adolece de protocolos efectivos que permitan la coordinación interinstitucional cuando la mujer víctima de violencia de género tiene una discapacidad.  
 
Son muchas las cuestiones que un día contra la violencia como el que hoy conmemoramos nos mueven a manifestarnos un año más y exigir: 
 
  1. Que se ponga en marcha una Macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, que pueda permitir valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas generales y específicas para su protección y recuperación, teniendo debidamente en cuenta los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad. 
  2. Que se garantice la accesibilidad universal de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados, y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, pues, además, se trata de un mandato establecido en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género. 
  3. Que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, el acceso a la información y a la comunicación y a la asistencia humana y tecnologías de apoyo que elijan las mujeres con discapacidad en sus relaciones con el sistema de justicia. 
  4. Que se asegure que todas las instituciones residenciales, de salud mental, centros de día y otros sean supervisados efectivamente por autoridades independientes a fin de impedir que se produzca casos de negligencia, malos tratos, abuso y violencia.
  5. Que en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se trabaje en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad.   
  6. Que se refuerce la formación que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sanitarios y servicios sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad.
  7. Que se impulsen protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia. En este punto el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente las organizaciones de mujeres con discapacidad, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental.   
  8. Que se ponga en marcha un estudio diagnóstico que permita conocer la situación en la que se encuentran mujeres con discapacidad sometidas a prostitución y trata y asegurar su adecuada consideración en el próximo Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
  9. Que las futuras leyes de garantía de la libertad sexual y contra las violencias machistas no nos ignoren e incluyan esas otras formas de violencia que también sufrimos por el mero hecho de ser mujeres y niñas con discapacidad, tales como la manipulación y el engaño, en donde la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental; o como las esterilizaciones perpetradas sin nuestro consentimiento, prácticas que contravienen el Convenio de Estambul. 
  10. Que no quede en el olvido la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, herramienta clave que debe ser reformada para orientarla a la autonomía personal y dotarla presupuestariamente, a fin de que pueda servir para promover realmente la vida independiente de miles de mujeres con discapacidad como factor para la prevención de la violencia.
 
Si alguna enseñanza podemos extraer de esta pandemia mundial, es que los derechos humanos de todas las mujeres deben permanecer siempre vigentes sin que la excepcionalidad de la situación pueda llevar a los poderes públicos a distinguir entre una ciudadanía de primera y otras ciudadanías subalternas.  
 
 

¡NI UNA MENOS!

 

¡LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EMPODERADAS, VISIBLES Y DIVERSAS REIVINDICAMOS NUESTRO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS!

 

 
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